El 18 de febrero de 2026 la Sala Primera del Tribunal Supremo dictó un bloque de seis sentencias (SSTS 259 a 264/2026) que fijan, por primera vez desde la reforma de la Ley 16/2022, doctrina sobre la exoneración del pasivo insatisfecho. Hasta ahora cada Audiencia Provincial aplicaba su propio criterio. A partir de estas resoluciones, la Ley de Segunda Oportunidad se aplica con reglas más claras y, en varios puntos, más favorables para el deudor de buena fe. El 2 de octubre, tres nuevas sentencias (SSTS 1550, 1551 y 1552/2026) han dado un paso más en materia de sanciones administrativas.
El Supremo interpreta la ley española a la luz de la Directiva (UE) 2019/1023 y de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de noviembre de 2024: los límites a la exoneración son legítimos, pero deben estar justificados y ser proporcionados.
Deudas con Hacienda, Seguridad Social y ayuntamientos
El cambio con más efecto práctico: el límite de 10.000 euros del artículo 489.1.5.º del Texto Refundido de la Ley Concursal ya no se aplica como un tope global, sino por cada acreedor público. Los primeros 5.000 euros se exoneran íntegramente y, a partir de ahí, el 50 % del resto, hasta 10.000 euros por acreedor.
Además, la regla no se limita a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social. El Supremo considera injustificado distinguir según qué administración recaude la deuda, de modo que alcanza también a comunidades autónomas y ayuntamientos (IBI, tasas, sanciones municipales).
Por último, los créditos públicos subordinados —recargos, intereses de demora y sanciones— se exoneran íntegramente, sin computar en ese límite.
Un ejemplo: un autónomo con 18.000 euros de deuda con la AEAT y 12.000 euros con la Tesorería General de la Seguridad Social. Antes, lo habitual era aplicar un único tope de 10.000 euros sobre el total. Ahora, cada organismo tiene el suyo, y la parte correspondiente a recargos y sanciones queda fuera del cálculo.
Administradores con derivación de responsabilidad
La lectura literal del artículo 487.1.2.º TRLC llevaba a muchos juzgados a denegar la exoneración por la sola existencia de un acuerdo firme de derivación de responsabilidad no pagado. Era una situación frecuente entre administradores de sociedades que cerraron con deudas tributarias.
El Supremo corrige ese automatismo (SSTS 261, 262 y 264/2026). La derivación es un mecanismo de garantía del cobro, no una sanción. Solo impide la exoneración si responde a una conducta fraudulenta equiparable a una infracción muy grave, y eso debe acreditarse.
Sanciones por infracciones graves: las sentencias de octubre
El párrafo segundo del artículo 487.1.2.º TRLC excluye de la exoneración al deudor sancionado por infracciones graves por encima de determinados importes. Las SSTS 1550, 1551 y 1552/2026, de 2 de octubre, concluyen que una sanción firme por infracción grave no basta, por sí sola, para negar la exoneración.
El razonamiento es claro. Según la Ley General Tributaria, lo que convierte una infracción en muy grave es el uso de medios fraudulentos. Si la infracción es solo grave, ese componente fraudulento no existe, y la exclusión carece de justificación, aunque se supere el umbral económico de la norma.
La STS 1552/2026 extiende el criterio a las sanciones de Seguridad Social y del orden social: no es coherente tratarlas de forma distinta a las tributarias. Y la STS 1551/2026 reitera que los créditos públicos subordinados son exonerables y que el límite de 10.000 euros se aplica a cada acreedor público por separado.
Más exoneración, pero con un control más exigente
La otra cara de estas sentencias es el control de la buena fe. El Supremo la vincula a las causas legales de exclusión del artículo 487 TRLC, no a una valoración moral sobre si el deudor «merece» la exoneración. Pero exige que el juez verifique de oficio que no concurre ninguna, aunque ningún acreedor se oponga, y que el deudor aporte la información necesaria (SSTS 259 y 262/2026).
Las infracciones tributarias muy graves sí pueden excluir la exoneración, al presumirse en ellas, por regla general, un componente fraudulento (STS 259/2026).
En sentido contrario, la STS 352/2026, de marzo, rechazó calificar como culpable el endeudamiento de un pensionista que se había endeudado en unos 20.000 euros para ayudar a su familia durante la pandemia. Lo relevante es el destino de la deuda: atender necesidades básicas no es temeridad.
La lista de acreedores, ahora decisiva
Las SSTS 260 y 264/2026 exigen que el deudor detalle los créditos cuya exoneración pide y que la resolución judicial los identifique. La exoneración no puede ser un «cheque en blanco».
Esto ha abierto un debate que no está cerrado. Algunos tribunales de instancia (Cádiz, Sevilla, Murcia o Alicante, entre otros) no limitan la exoneración a los créditos de la lista cuando la omisión no es dolosa. Otros, como Madrid, Barcelona o Valencia, mantienen una posición más restrictiva. Quedan también por resolver cuestiones como el tratamiento de los créditos públicos con hipoteca legal tácita.
Qué significa para quien tiene deudas
Quien descartó la segunda oportunidad por sus deudas con Hacienda, la Seguridad Social o un ayuntamiento debería volver a estudiar su caso: la cantidad exonerable puede ser bastante mayor de lo que creía. Lo mismo vale para el administrador al que se le derivó una deuda de su sociedad.
A la vez, la solicitud exige más preparación. Hay que identificar a cada acreedor, desglosar principal, recargos y sanciones, y documentar el origen de las deudas desde el primer escrito.
En García-Talavera Abogados estudiamos cada expediente a fondo antes de iniciar el procedimiento, con la experiencia y la dedicación que exige un asunto que define el futuro económico de nuestros clientes.
