Recientemente hemos conseguido el archivo de un procedimiento penal seguido contra nuestro cliente por un presunto delito de estafa agravada, por un importe especialmente elevado.
El origen del conflicto se encontraba en un contrato de arras para la compraventa de un inmueble, suscrito entre dos mercantiles. La parte denunciante sostenía que la operación no podía llevarse a cabo y que la vendedora no era realmente propietaria del inmueble.
Sin embargo, la realidad era muy distinta. La operación se había pactado entre la mercantil propietaria del inmueble y la mercantil arrendataria. Los compradores permanecieron durante un año en el inmueble y, llegado el momento de formalizar la compraventa, dejaron de pagar y presentaron una denuncia por presunta estafa agravada.
Cuando nuestro cliente ejercitó sus derechos en vía civil, la contraparte invocó la prejudicialidad penal, alegando que había sido víctima de una estafa. La existencia de la causa penal se convirtió así en un obstáculo para la continuación del procedimiento civil.
Nuestra intervención se centró en acreditar que los hechos expuestos en la denuncia no se correspondían con la realidad y que la denuncia respondía a una finalidad espuria: paralizar o entorpecer el procedimiento civil.
El resultado fue doble: conseguimos que el procedimiento civil siguiera adelante y obtuvimos una sentencia estimatoria. Además, conseguimos el archivo del procedimiento penal.
Un resultado especialmente positivo, que permite a nuestro cliente ver reconocidos sus derechos en vía civil y poner fin a un procedimiento penal en el que se le atribuía una conducta delictiva.
Este asunto pone de manifiesto una cuestión importante: no todo incumplimiento contractual constituye una estafa. La existencia de un conflicto civil no convierte, por sí sola, los hechos en una infracción penal. Cada caso exige analizar la documentación, las circunstancias de la operación y los elementos concretos que podrían justificar la intervención de la jurisdicción penal.
En García-Talavera Abogados estudiamos cada asunto de forma individualizada, con rigor jurídico, dedicación y una estrategia adaptada a las circunstancias de cada cliente.
Si te enfrentas a una denuncia por estafa, a un procedimiento penal o a un conflicto contractual que afecta a tus intereses, podemos estudiar tu situación y valorar las opciones de defensa desde el primer momento.
